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Coronavirus: Pandemia y terremoto político global

Alfonso Bermejo y Elvis Mori

La pandemia del coronavirus (Covid-19) concentra la mayor preocupación de líderes políticos y ciudadanía, a nivel mundial. Leemos, por un lado, como China, un país de 1.400 millones logró registrar un día sin nuevos contagios (aún se registran casos importados), mientras que – en la situación opuesta – Italia, con 60 millones de habitantes, tiene el sistema de salud colapsado, registrando 53.578 casos y 4.032 fallecidos, rumbo a superar los 81.457 casos de China y superando los 3.261 muertos de dicho país. En América Latina, y con la experiencia de Asia y Europa, los países han ido adoptando las medidas que consideran pertinentes. 

Para analizar la velocidad de propagación del virus, se presentan los siguientes gráficos presentados por el diario El País:

Velocidad

Los datos que se presentan muestra el “tiempo de duplicación”, es decir, el número de días en los que se duplica la cantidad de casos confirmados. En este sentido, la mayor preocupación la encontramos en Uruguay y Ecuador (1,2 días), y la menor tasa en Argentina (3,5 días) y Colombia (3,2 días). Dado que aún se vienen aplicando medidas (cada vez más restrictivas), es esperable que esta curva mejore. Es interesante, por un lado, el caso de México, que aún mantiene el brote en fase I, y – sin restricciones a la movilidad – ha logrado ralentizar el tiempo de duplicación. Por su parte, es preocupante la situación de Brasil y Ecuador, quienes han empeorado el indicador. Colombia, por su parte, que recién aplicará medidas de cuarentena desde el 24 de marzo, logra tener los mejores avances. Estos datos, por supuesto, pueden variar dependiendo de las políticas aplicadas por cada país. En China, a los 12 días de iniciado el brote, el tiempo de duplicación era de 2 y, 37 días después, era de 13,8. Por su parte, en Italia, al día siguiente del brote, era de 1, y 25 días después, de 5,4 (China, en el mismo período, tenía un tiempo de 4,2, menor al italiano). Hay que estar atento a la evolución del índice para poder evaluar la efectividad de las medidas tomadas para evitar la propagación.

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En relación a las medidas adoptadas, Perú, y recientemente Argentina, son los países que han optado por las más restrictivas; en este sentido, se opta por el aislamiento social obligatorio. En esa misma línea se encuentra El Salvador, donde el presidente Bukele ha pedido a la Asamblea Nacional que se decrete el estado de excepción. En Ecuador rige un toque de queda, de las 9pm a las 5 am (salvo en el Guayas, territorio con mayor cantidad de casos, donde inicia a las 4pm). En los demás países, existe un pedido de aislamiento social voluntario, incluyendo medidas para minimizar los riesgos de propagación; por ejemplo, limitar el número de asistentes a eventos/reuniones, aislamiento obligatorio para grupos de riesgo, controles aleatorios para viajeros (en los casos donde no se han suspendido los vuelos), entre otros. En todos los países se han suspendido las clases en las escuelas, colegios y universidades. 

Seguramente todos estemos de acuerdo en que las medidas de prevención, principalmente el aislamiento social, sean la más adecuada para reducir el contagio, sobre todo en aquellos casos en los que la epidemia ha llegado a la fase III (dispersión nacional). Sin embargo, es importante que tengamos en cuenta lo que ello implicaría para las clases sociales más vulnerables. En Perú, de acuerdo al INEI, la tasa de empleo informal (2018) fue de 65,7%, lo que quiere decir que este porcentaje de la PEA no cuenta con la posibilidad de teletrabajo y no cuentan con la protección de ley que les permita, por ejemplo, recibir un salario durante el tiempo que duren las políticas de prevención. Esto se agrava si tomamos en cuenta que dichas personas deben seguir cumpliendo con sus obligaciones (alimentación, vestido, pago de servicios, alquiler, etc.). Es por ello que es importante que, acompañando las medidas ya señaladas, también se puedan adoptar unas que permita la protección de familias pobres y vulnerables, además de indigentes. Esta es una de las variables por las cuales el gobierno mexicano ha señalado que no contempla – por ahora – establecer la obligatoriedad del aislamiento. En este sentido, AMLO señaló, el 18 de marzo pasado: “aprovecho para decirles a los que se desesperan y comen ansias y dicen: a ver cierren todo. Una cosa es hablando en plata los que tenemos asegurado el salario y otra cosa es mucha gente que se busca la vida en la calle. No podemos exponerlos, tenemos que defender esa economía”. 

Por su parte, Martín Vizcarra, dentro de las medidas para reducir el impacto social, ha anunciado que se destinará un bono de 380 soles a las familias más vulnerables. La titular del MIDIS ha señalado que serán 3 millones de familias, en pobreza y pobreza extrema, las que accederán al beneficio. Pero hasta el día de hoy, las denuncias en materia de derechos laborales, aprovechamiento rapaz de las empresas aéreas en cuanto a los cobros excesivos a los pasajeros por cambios de fecha en función de las medidas del gobierno, así como el manejo poco claro de los fondos privados de pensiones, es decir, las preocupaciones de los ciudadanos respecto al lugar que tienen las medidas económicas con respecto respecto a los principales grupos económicos del Perú no obtienen respuesta y todo indica que esta será la tendencia. En Argentina, Alberto Fernández, anunció algunas medidas: bonos a los jubilados, establecimiento de precios máximos para productos de primera necesidad, un pago extra en la Asignación Universal por Hijo (AUH) y en la Asignación Universal por Embarazo (AUE). Asimismo, manifestó que en las próximas horas se anunciarán medidas para los monotributistas y los informales. Esta medida es interesante por cuanto extendería los beneficios a todas las nacionalidades que se emplean en estos rubros, seguramente el migrante extranjero se encuentre entre la población más vulnerable. Un caso llamativo es Uruguay, donde el gobierno ha anunciado que seguirá con su programa de aumento de tarifas públicas, pese al pedido de la oposición (Frente Amplio) de dejarlas sin efecto, e inclusive del Gral. Manini Ríos (Cabildo Abierto), parte de la coalición gobernante. Sin embargo, se acaban de anunciar medidas compensatorias para los ciudadanos que viven “del día a día”, y en los peores casos, que se encuentran en condiciones de indigencia.

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En su artículo “Las consecuencias del neoliberalismo en la pandemia actual, el profesor Vicenç Navarro, cuestiona las consecuencias de las políticas neoliberales implementadas, haciendo más vulnerable al trabajador, y la reducción de la capacidad del Estado en garantizar una salud pública óptima o el cuidado de las personas dependientes. Además de las consecuencias que tiene el haber dejado de lado el bien común en favor de los intereses privados, seguramente una de las mayores consecuencias de dichas políticas es la idea de lo individual en detrimento de lo colectivo, de la solidaridad, y del prójimo. Para ilustrar lo dicho, la crisis por la pandemia (pero sobre todo por la caída de los precios del petróleo) ha significado una caída en la rentabilidad de los fondos AFP de los trabajadores en Perú. Esta pérdida para los trabajadores -las AFP siempre ganan es un golpe importante; sin embargo, mientras pedimos medidas que permitan impedir que nuestros fondos sigan cayendo (y afecten nuestros ingresos jubilatorios) seguimos reclamando – y etiquetando de irresponsables – a quienes no piensan en sus ingresos futuros, sino en sus necesidades inmediatas. Con esta información, imaginemos la situación de aquellas personas que están en primera fila, y se encuentran en los quintiles más bajos en los ingresos (barrenderas, pequeños comerciantes formales o informales, recolectores de residuos sólidos, enfermeros/as, entre otros); pensemos en los que arriesgan el contagio de sus seres queridos para poder atender el día a día; pensemos en los jubilados que – con una pensión de miseria – tienen que sobrevivir, inclusive trabajando. Todos ellos tienen una alta exposición al virus. Que nuestras críticas, por lo menos, tengan en cuenta distintas condiciones de nuestro lugar de enunciación.

Esta pandemia ha demostrado la necesidad de contar con un Estado fuerte, con capacidad de brindar una atención óptima en salud, con salarios dignos y derechos laborales garantizados, con una fuerte inversión en I+D+i. La informalidad en nuestros países sigue siendo un problema a resolver. Abordar estos problemas implica modificar los supuestos epistemológicos que hasta hace dos meses regían las políticas públicas. La crisis ha desbordado las capacidades minimalistas del Estado, las facultades técnicas de las tecnocracias y los diagnósticos sociales basados cada vez en “muestras” acordes al discurso minimalista (vulnerables, informales, inclusión). Empezar por recuperar el enfoque de la universalidad de los derechos es un primer paso. 

Los discursos alrededor del diagnóstico y de las medidas a la crisis nos hablan de un proceso de desglobalización, de mayor presencia del Estado nación, de un agotamiento de las políticas neoliberales de los últimos treinta años, de una suerte de keynesianismo sobre la marcha. En el horizonte, de lo que estamos seguros, es que el planeta camina hacia un escenario posneoliberal. 

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La pandemia también modifica las piezas en el tablero de la geopolítica regional y mundial. Por un lado, vemos cómo China – a diferencia de EEUU – viene desarrollando un importante apoyo a Europa y América Latina, a través del envío de médicos y equipos que complementen los esfuerzos de la sanidad pública en los países afectados. Este liderazgo del gigante asiático podría reconfigurar el liderazgo mundial en la medida que EEUU podría ser visto como un actor sin capacidad – o interés – para hacer frente a los problemas globales.  Este movimiento de tablero también nos muestra el arte de la contingencia geopolítica. Por cada omisión, lentitud o vacilación de Washington, Beijing gana espacio y se muestra ante todos no solo como una potencia lo suficientemente robusta para frenar una pandemia de esta envergadura, sino para generar verdaderos anticuerpos en todo el orbe. El kilometraje expansivo del coronavirus parecer haber acortado la ruta de la seda.

En esta reconfiguración del tablero, el sueño occidental parece sucumbir. El bloque europeo ha demostrado total incapacidad para afrontar la crisis. Acaso el epítome de esta caravana fallida de conducción política y franca precariedad de coordinación de sus sistemas estatales, se encuentra en la escalada acelerada de la crisis en países animadores de la Unión Europea, como Italia y España. Hasta el día en que se termina de escribir este artículo, el récord en Italia quedará grabado en la historia de las consecuencias del ajuste estatal en el sector de la salud pública: casi 800 muertos en 24 horas. Mientras que en España el número de fallecidos desde la expansión del viral es de 1.351. Al otro lado, profundamente afligido, el presidente de Serbia protestaba por la negligencia de la Unión Europea para asistir a su país, y se mostraba esperanzado en que China pueda ser el único país que pueda ayudarlos.

La geopolítica regional también ha mostrado sus tensiones. El hecho que el exitoso tratamiento en China incluyera el interferón alfa 2B, de origen cubano, ha puesto en más de un aprieto a los gobiernos neoliberales. Brasil, y el gobierno de facto de Bolivia, en sus primeras medidas, decidieron romper los convenios médicos con el gobierno cubano, como parte de su política de alineamiento con EEUU. Por su parte, el actual gobierno uruguayo, en la misma línea, optó por no invitar al presidente Díaz-Canel al cambio de mando. En este sentido, podemos ver dos posturas distintas; por un lado, el gobierno peruano, decidiendo un acercamiento con Cuba; y, por otro, el gobierno de Áñez, rechazando la ayuda ofrecida, aún en riesgo de no poder atender, adecuadamente, a la población afectada.

En estos momentos se torna esencial el fortalecimiento de las estructuras regionales, desmanteladas en el último período. La OEA, que podría ser el mecanismo regional de coordinación y toma de decisiones conjunta, durante la Secretaría General del reelecto Luis Almagro, ha perdido toda credibilidad en la medida que se ha posicionado con la derecha regional, acrecentando las diferencias entre los países miembros. Lamentablemente la UNASUR fue desmantelada y “reemplazada” por PROSUR, espacio que no cuenta con los mecanismos para poder enfrentar a desafíos que no sean económicos. Un ejemplo de ello es el reciente desencuentro entre los gobiernos uruguayo y colombiano, sobre el ofrecimiento de El Dorado, como hub de tránsito para los latinoamericanos que se vieron varados por la crisis. 

Por otro lado, en estos momentos es importante recordar los fundamentos de origen de los sistemas de integración iniciados en la “etapa progresista” en América Latina, y que a su vez irradiaron a los mecanismos de integración preexistentes; y por otro lado, los sistemas de integración bajo gobiernos neoliberales que, en paralelo, subsumieron con su lógica a los otros. UNASUR, CELAC, ALBA, e instancias de menor envergadura, como el Banco del Sur, Mercosur y la Comunidad Andina (CAN) se desarrollaron sobre la base de la complementariedad económica y social, con mecanismos que reconocían los diferentes niveles de desarrollo y potencialidades alcanzados por los países miembros, así como la posibilidad de negociar en mejores condiciones frente a otros bloques geopolíticos y financieros; mientras que la Alianza del Pacífico, que reúne a unos cuantos países, redujo su alcance a la competitividad económica en beneficio de los sectores hegemónicos de mayor presencia financiera en cada país miembro, complementada con microscópicos financiamientos en materia de “emprendimientos” y becas para carreras orientadas a la administración de los mercados.

A la luz de la envergadura de esta crisis, donde las potencias del norte parecen administrar la crisis bajo la lógica del “sálvese quien pueda”, y cuando los países del sur replican esta fórmula, forzados por el impacto de la crisis de manera diferenciada, y ante la ausencia de instancias de gran alcance que les permita actuar de forma mancomunada, nos preguntamos si acaso los espacios de integración política y social desmantelados no hubieran servido para contener esta crisis y reducir su impacto, especialmente para aquellos a quienes el golpe será transversal y de alcance impredecible. 

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Finalmente, el estrés producto del aislamiento, sumado a las posibles dificultades económicas, puede terminar siendo causa de violencia intrafamiliar. En Uruguay, en los últimos 10 días, se han dado 5 casos de posible feminicidio. En México, en lo que va del año, han sido asesinadas 29 mujeres. Sin lugar a dudas, debemos tomar acciones urgentemente.

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