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El poder del fujimorismo en el Congreso peruano repercute también en Ejecutivo de Kuczynski

Los partidos que disputaron la segunda vuelta electoral en Perú, Peruanos por el Kambio (PPK) y Fuerza Popular, se dividieron el poder. El primero se hizo con el Poder Ejecutivo, liderado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski, y el segundo, que llevó como candidata a Keiko Fujimori, consiguió 73 de las 130 bancas en el Congreso. Sin embargo, la presencia de Fuerza Popular también se siente en otros ámbitos de gobierno.

De acuerdo con la encuestadora Ipsos, en agosto el Ejecutivo contaba con una aprobación de 64%. Al igual que en las encuestas del período de campaña electoral, su mayor aprobación provenía de los sectores A y B, los más ricos, y un amplio 52% creía que Perú estaría mejor al culminar el gobierno del PPK. Por su parte, el Congreso partía con una aprobación de 46%, concentrando el apoyo en los sectores D y E, los de mayor apoyo electoral al fujimorismo.

Con tan sólo 100 días en el gobierno, la percepción de esperanza y satisfacción de la población ha ido decreciendo. La misma Ipsos señala que la aprobación del gobierno se redujo en 15% (hoy es de 49%) y la del Congreso en 9% (hoy llega a 37%).

El Ejecutivo

Durante la campaña electoral, Kuczynski prometió concentrar esfuerzos para afrontar los principales problemas del país: trabajar en la seguridad pública, impulsar políticas contra la corrupción, llevar agua y saneamiento para todos, lograr una educación pública de calidad. En estos tres meses iniciales la falta de habilidad política de su equipo ministerial lo ha llevado a proyectar una imagen de incapacidad para resolver los problemas burocráticos e institucionales, que son la raíz de toda la problemática peruana.

El Ejecutivo se ha visto envuelto en casos de supuesta corrupción, como los del consejero presidencial Carlos Moreno, denunciado ante la fiscalía por colusión, cohecho y tráfico de influencias; o la denuncia contra un miembro de su partido por cobro de cupos para postularse al Congreso.

Tampoco ha sido una buena señal que Kuczynski convocara al economista Alfredo Jalilie, ex viceministro de Hacienda del gobierno de Alberto Fujimori, para colaborar en la reforma del Sistema Integral de Salud. Jalilie fue condenado en 2006 a cuatro años de prisión efectiva por corrupción, aunque ese mismo año se le concedió el derecho de gracia porque supuestamente el estado de su salud era delicado. En cualquier caso, nunca pagó la reparación civil a la que fue condenado. Su convocatoria fue paradójica, pues se produjo a los pocos días de haberse aprobado una ley que declaraba la muerte civil para sentenciados por corrupción.

Asimismo, las expectativas en relación con el diálogo con comunidades indígenas que permitieran “destrabar” proyectos extractivos también se han visto mermadas. En el corto tiempo de gobierno ocurrieron dos muertes en protestas contra el proyecto minero Las Bambas (en Apurímac) y el Consorcio Minero Horizonte SA (en La Libertad).

El Legislativo

La actuación de la mayoría fujimorista en el Congreso también ha estado llena de controversias. En un primer momento fue muy criticada por haber modificado una propuesta del Ejecutivo para fortalecer la Unidad de Investigación Financiera, lo que ha sido tomado como un posible blindaje ante las investigaciones que se llevan adelante contra el ex secretario general de Fuerza Popular y principal financista de ese partido, Joaquín Ramírez. A esto se suman investigaciones en torno al posible lavado de activos en el financiamiento de esa organización política durante la campaña electoral.

Por otro lado, Fuerza Popular también ha sido acusada de copar las instituciones del Estado con personas vinculadas al partido, como Walter Gutiérrez, elegido defensor del Pueblo y, últimamente, los cuestionados José Chlimper y Rafael Rey, quienes fueron designados como directores del Banco Central de Reserva (BCR), incumpliendo la propia ley orgánica del BCR, lo que originó una amplia movilización convocada por los gremios de estudiantes de economía y otros colectivos. Esa ley establece que los directores deben “tener reconocida solvencia moral y poseer amplia competencia y experiencia en economía y finanzas”. Chlimper es investigado por manipular un audio con el fin de desprestigiar a un testigo que involucró a Joaquín Ramírez en una investigación de la DEA (Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos). Asimismo, su nombramiento pone en riesgo la independencia técnica del banco porque sigue siendo el secretario general de Fuerza Popular, partido por el que fue candidato a la vicepresidencia. Por otro lado, Rey no cuenta con conocimientos sólidos de economía.

Un tema que afectó también a la bancada fujimorista fue la renuncia al partido de la congresista Yeni Vilcatoma, ex procuradora adjunta anticorrupción, que era vista como el ejemplo de que el fujimorismo se alejaba de los actos en los que se vio inmerso en los años 90. Finalmente, la propuesta de Fuerza Popular y el Partido Aprista Peruano de modificar la Ley Universitaria, eliminando la recién creada Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, es percibida como una estrategia para evitar que el Estado supervise la calidad de la educación superior y para permitir que centros superiores se conviertan en empresas con fines de lucro, puesto que algunos de sus congresistas tienen vínculos con universidades privadas creadas durante los gobiernos de Alberto Fujimori y el segundo mandato de Alan García.

Las relaciones de poder

Kuczynski pareciera no haber encontrado aún la forma de relacionarse con la mayoría legislativa fujimorista. Esta situación ha motivado críticas hacia el presidente, al que se ha acusado de aceptar el copamiento de las instituciones por parte de Fuerza Popular. Inclusive, fue el propio Kuczynski quien nombró al jefe de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, Víctor Shiguiyama, que hasta días antes de su nombramiento era militante de Fuerza Popular.

La relación con el Congreso ha dado lugar a voces discordantes dentro de la bancada oficialista, lo que ha llevado a cuestionar la falta de liderazgo de Kuczynski. Por su parte, la bancada de Fuerza Popular pareciera estar decidida a continuar “gobernando desde el Congreso”, interpelando y cuestionando las actuaciones del Ejecutivo, y transgrediendo roles, como en el caso de las modificaciones a la Ley del Presupuesto del Sector Público, dado que cualquier iniciativa de ley sobre el gasto presupuestal corresponde al Poder Ejecutivo. Recientemente, el conflicto derivó en que el Ejecutivo cuestionara el nombramiento del segundo vicepresidente de Fuerza Popular, Vladimiro Huaroc, en una gerencia en la estatal petrolera PetroPerú, lo que motivó la renuncia de todo el directorio.

Aunque es poco el tiempo transcurrido para ver cambios institucionales sustanciales, la situación se torna complicada para el Ejecutivo. La estrategia de Fuerza Popular -mediante sus congresistas- es clara: generar en la opinión pública la idea de incapacidad en el gobierno, con el fin de que la primera fuerza opositora se posicione como una alternativa viable en las próximas elecciones municipales. La actuación desde el Parlamento podría generar una crisis de gobernabilidad, desgastar al Ejecutivo y evitar que sus esfuerzos se enfoquen en hacer planteos concretos para atender los problemas del país. El informe de la Comisión de Integridad contra la Corrupción, instaurada para hacer recomendaciones al Ejecutivo, podría ser un punto de quiebre en la relación con la ciudadanía y generar en esta nuevas expectativas que le permitan a Kuczynski afrontar con mayor confianza su relación con el legislativo.

Publicado el 7 de diciembre de 2016 en ladiaria

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