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TPP

Tanto en América Latina como en Europa (y en menor medida en los Estados Unidos de Norteamérica) los movimientos sociales manifiestan su rechazo a los tratados de libre comercio próximos a suscribirse o ratificarse: el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP), el Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y la Unión Europea (CETA) y el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TiSA). El presente artículo se centrará en el TPP, debido a que es el acuerdo ya suscrito por el Estado peruano, y que estaría pronto para ser ratificado por el Congreso.

Sobre el acuerdo El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo señala que el “objetivo es construir un acuerdo inclusivo y de alta calidad que sea soporte para el crecimiento económico, el desarrollo y la generación de empleo de los países miembros, el cual a su vez se convierta en la base y el medio para una futura Área de Libre Comercio del Asia Pacífico (FTAAP), por lo cual estará abierto al ingreso de otras economías de APEC y al desarrollo de mecanismos que permitan su flexibilidad y carácter evolutivo”. Los miembros del acuerdo son Australia, Brunéi Darussalam, Canadá, Chile, Estados Unidos de América, Japón, Malasia, México, Nueva Zelandia, Perú, Singapur y Vietnam. El TPP ha sido uno de los procesos de negociación plurilateral más ambicioso y amplio entre países de tres continentes (América, Asia y Oceanía).

Beneficios

El gobierno y los defensores del tratado señalan que el principal beneficio del acuerdo es la posibilidad de ampliar el mercado para nuestras exportaciones, con preferencias arancelarias, impulsando con ello el desarrollo de una industria nacional y extranjera en nuestro territorio. Se establecerían además beneficios de la importación de productos, principalmente de bienes de capital, pudiendo incorporarlos a los procesos productivos. Hay un beneficio no menos importante que es el relacionado con la posibilidad del consumidor final de optar por una mayor oferta de productos, generando competencia, y con ello, beneficios en relación al precio y al acceso. Es importante señalar que el Perú cuenta con tratados bilaterales con la mayoría de los países que forman parte del acuerdo (Canadá, Chile, Japón, México, Singapur y Estados Unidos).

Algunas dudas

Los argumentos que se presentan a continuación no deberían ser utilizados para rechazar tajantemente la ratificación del TPP; sino, por el contrario, ser un punto de partida para el análisis en profundidad de las distintas interrogantes o dudas que organizaciones sociales – no tomadas en cuenta en los procesos de negociación – han planteado, y que se constituyen en razones más que suficientes para analizar la conveniencia para el país de ser parte de este acuerdo.

Comerciales

Difícilmente existen críticas serias a la globalización, y con ello a la integración comercial. Sin embargo, es importante señalar algunas dudas sobre el hecho de que estos tratados han ido mucho más allá de eliminar todo tipo de barreras al comercio y se han convertido en un instrumento que podría afectar o limitar nuestra capacidad de tomar decisiones soberanas. Con el fin de tener una aproximación a la posible evolución de las variables ligadas al comercio, podríamos usar como proxy el comportamiento de las mismas en los tratados de libre comercio, principalmente el suscrito con Estados Unidos de Norteamérica, el cual entró en vigencia el 1 de febrero de 2009, debido a que en el momento de su suscripción, el país del norte era el principal socio comercial peruano.

¿Cómo nos ha ido con las exportaciones e importaciones después del TLC?
Revisando las series anuales del BCRP se observa que a nivel macroeconómico no se ha producido un quiebre en las principales variables. Las exportaciones totales, en 2005, representaban el 23.2% del PBI, en 2009, el 22.2% y, en 2015, el 17.8%. Es decir, en el período 2005-2015, la variación fue de –23.27%. Un sector emblemático como el textil (medido en toneladas de algodón) presenta la siguiente evolución: en 2005, 2 Tn.; en 2009, 1.6 Tn. y en 2015, 1.3 Tn. Para el período 2005-2015, tuvo un crecimiento negativo de 0.7 Tn (35%). En relación al flujo comercial con Estados Unidos, de acuerdo al Observatory of Economic Complexity (OEC), las exportaciones en 2005 fueron de USD 5,33 billones (miles de millones), en 2009 fueron de USD 4,61 billones; y, en 2014, de USD 6,36 billones. Ello significa que en el período 2005-2014, las exportaciones crecieron un casi 38%. En cuanto a las importaciones, respecto al PBI, en 2005 fueron de 16.1%; en 2009, de 17.3%; y, en 2015, de 19.5%. Para el mismo período el crecimiento fue de 21.12%. Comparemos estos datos con los presentados por Bolivia, país que pertenece a la Comunidad Andina, y que por lo tanto también fue beneficiario del ATPA, hasta el 2008, año en el que el Congreso de los EEUU decidió no renovarlo. Bolivia no ha suscrito ningún tratado de libre comercio con Estados Unidos. De acuerdo con el Banco Mundial, para el 2005 las exportaciones de Bolivia representaban el 35.55% del PBI, el 2009, el 35.72% (el año anterior había alcanzado el 44.91%) y en 2014, el 43.29%. Las exportaciones tuvieron su mejor año en 2012, cuando llegaron al 47.17% del PBI. Revisando la relación comercial con Estados Unidos, nos daremos una idea de la afectación de la cancelación del tratado al flujo de bienes y servicios. En 2005, de acuerdo al OEC, las exportaciones fueron de USD 393 millones; el último año del ATPA fue de USD 516 millones y en 2014, de USD 2.04 billones. Es decir, en el período 2008-2014 las exportaciones aumentaron casi un 400%. En relación con sus importaciones, en 2005; las mismas representaron el 32,01% del PBI; en 2008, 37,96%; y, en 2014, 41,97%. En 2009 hubo una caída importante, llegando al 32,9% del PBI.

Esta comparación permite observar la evolución de dos países andinos con distinta política comercial. Las cifras muestran un mejor desarrollo de las exportaciones bolivianas, aun cuando no cuenta con un tratado de libre comercio, lo que supondría que esa variable, por sí misma, no genera los niveles de intercambio comercial esperados.

Derechos humanos

El 20 de abril pasado, desde la Subdivisión de los Procedimientos Especiales de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos enviaron una misiva a los ministros de Relaciones Exteriores de los países firmantes en los que expresaban su preocupación por un posible impacto perjudicial en materia de derechos humanos y libertades fundamentales.

A continuación se plantean algunas de esas preocupaciones:

A. El acceso a los medicamentos y disposiciones de propiedad intelectual. A pesar de que el acuerdo permite a las partes tomar medidas para “proteger la salud pública”, algunos artículos del mismo pondrían en peligro el acceso a los medicamentos genéricos. Esto debido a que el acuerdo también estipula la extensión de las patentes para fármacos biológicos. El TPP reconoce la protección de datos de prueba, de entre 5 a 8 años, para este tipo de medicamentos. De acuerdo con Médicos Sin Fronteras (MSF), países como Perú, Chile o México, no tenían en sus legislaciones la regulación de datos para este tipo de fármacos. MSF, organización que brinda tratamiento con genéricos a 300 mil personas con VIH/SIDA en 21 países, señaló – además – que la utilización de fármacos genéricos redujeron sus costos de USD 10 mil a USD 140 por paciente. No es muy probable que en Perú el acuerdo implique un desabastecimiento de los medicamentos biológicos; sin embargo, debido a la imposibilidad de utilizar biosimilares, y por tanto reducir los costos en el sector salud, la gestión del presupuesto del sector resulta por demás ineficiente.

B. Derechos de los pueblos indígenas y las disposiciones de propiedad intelectual. El TPP no ofrece protección alguna al derecho de los pueblos indígenas sobre el conocimiento tradicional. De manera incorrecta, el conocimiento colectivo de los pueblos indígenas sobre saberes tradicionales, son clasificados como de dominio público y por tanto, de acceso libre para cualquiera. Esto es contrario a lo señalado en el artículo 31(1) de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas: “Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus expresiones culturales tradicionales y las manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y culturas, comprendidos los recursos humanos y genéticos, las semillas, las medicinas, el conocimiento de las propiedades de la fauna y la flora, las tradiciones orales, las literaturas, los diseños, los deportes y juegos tradicionales, y las artes visuales e interpretativas. También tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su propiedad intelectual de dicho patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales tradicionales”. En el Perú, la Ley No. 27811 de 2002, que establece el régimen de protección de los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas vinculados a los recursos biológicos, viene realizando notables esfuerzos por evitar casos de biopiratería; sin embargo, el TPP podría abrir un mecanismo de presión para que las empresas que realicen este tipo de prácticas cuestionen, en algún momento, infracciones a “su propiedad intelectual”, llevando al Estado a los tribunales internacionales.

C. Solución de controversias. Uno de los temas más preocupantes es que el acuerdo pone al mismo nivel a los Estados y a las empresas transnacionales; no permitiendo que las controversias sean resueltas bajo el poder judicial nacional sino a través de tribunales internacionales (ISDS). Tomando en cuenta los procesos que se han llevado a cabo en los tribunales, una empresa extranjera podría demandar al Estado en la medida en que considere que alguna política pueda afectar su negocio. En este sentido, el tratado expresa, en su artículo 28.3. que “cuando una Parte considere que un beneficio que razonablemente pudiera haber esperado recibir […] es anulado o menoscabado como resultado de la aplicación de una medida de otra de las Partes que no es inconsistente con el Tratado”. La composición y el funcionamiento de estos tribunales también dejan dudas sobre su imparcialidad. La organización Public Citizen menciona, respecto a los tribunales internacionales de arbitraje, que “constan de tres abogados privados que no rinden cuentas a ningún electorado. Algunos abogados incluso rotan de condición, actuando algunas veces como “jueces” y otras como abogados que presentan demandas de empresas contra gobiernos, un tipo de dicotomía de responsabilidades que sería considerada contraria a la ética en la mayoría de los sistemas judiciales. Esos tribunales arbitrales no están obligados a guiarse por precedentes ni respetar la jurisprudencia ni las opiniones de los Estados, y sus resoluciones sobre los asuntos de fondo no pueden someterse a apelación”. Asimismo, debido a la forma en que son seleccionados los jueces (dos de ellos son escogidos por las partes, mientras que el tercero lo es por el Secretario General del CIADI), genera incentivos perversos en los mismos, dado que tienen mayor estímulo para favorecer al inversionista, lo que para él significa la posibilidad de seguir siendo seleccionado. Aunque en el TLC con EEUU ya se estipula la posibilidad de que inversionistas demanden al Estado en tribunales internacionales, el TPP consolida este derecho y lo expande a las empresas filiales establecidas en algún país que forme parte del acuerdo.

Podría hacerse en este punto un paralelismo con el TTIP, acuerdo que viene siendo negociado por EEUU y la Unión Europea. Con posterioridad a la filtración de Wikileaks sobre las negociaciones, la sociedad civil apostó por ejercer presión para que el SDIS no sea aceptado por los negociadores europeos, lo que llevó a finales de 2015 a presentar una propuesta alternativa (ICS), la cual ha sido también rechazada bajo el mismo argumento, señalando que la conformación de un tribunal internacional pone en peligro la libertad de los Estados de desarrollar políticas públicas. En este sentido, la investigadora del Corporate Europe Observatory, Pia Eberhart, señaló que “el verdadero problema que nos ocupa aquí no es de
establecer tribunales públicos o privados, sino el de otorgar mayores privilegios al poder corporativo”.

El Perú, con base en el TLC, fue demandado por Renco Group Inc. El tribunal internacional señaló que las reclamaciones de Renco deben ser desestimadas por “falta de jurisdicción”. Renco ha señalado que subsanará los errores y volverá a presentar la demanda. Sin embargo, el riesgo no se da únicamente en las demandas existentes, sino los mecanismos de presión que otorgan los acuerdos a las empresas transnacionales para evitar que los Estados implementen medidas de política pública en beneficio de la población, bajo amenaza de demanda.

No está de más señalar que el beneficio de las grandes empresas de poder demandar al Estado en fueros internacionales ante medidas que ellos consideren afectarían su rentabilidad futura, no es posibles para empresas de capital nacional, con lo que el Estado peruano estaría otorgando un trato diferenciado a estas empresas de capital extranjero.

Asimismo, la misiva hace referencia a otros temas importantes como el “derecho a la ciencia y la cultura”, los “proveedores de servicios de internet”, o el “convenio internacional para la protección de las obtenciones vegetales de 1991”. Existen posibles efectos sobre el agro y la población campesina que deberían ser considerados, aunque han tenido una menor repercusión. En este sentido, resulta importante conocer la posición del gobierno respecto a:

  1. La importación de bienes subsidiados por los Estados que signifiquen la imposibilidad de competir por parte del productor nacional (dumping). No es un hecho de menor importancia por cuanto países como EEUU o Vietnam tienen políticas de subsidios a su agricultura. La inactividad para aplicar medidas antidumping han afectado, por ejemplo, a la industria textil nacional.
  2. El acaparamiento de tierras de uso productivo por parte de grandes inversionistas. Algunos análisis del TLC con Colombia dan cuenta de la presión a la que se ven sometidos los pequeños agricultores para vender sus campos, toda vez que el apoyo al agro, desde la política pública, es escasa. La pérdida de estos campos podría suponer un aumento de la vulnerabilidad socio-económica de familias campesinas.

Política Internacional

Como ha sido señalado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski, el hecho de que China, principal socio comercial del Perú, no esté dentro de los acuerdos se constituye en un obstáculo. Que PPK haya escogido China como su principal destino, podría considerarse una señal, al gigante asiático,
de que el Perú espera seguir estrechando lazos. Sin embargo, la duda que surge al respecto, es si la suscripción de este acuerdo afectará la política comercial o de inversiones con China, y los posibles efectos sobre la economía nacional.

Conclusión

A lo largo del artículo se han presentado interrogantes sobre los beneficios que el TPP pueda generar en la economía y sociedad peruana. Como cualquier política pública, es necesario evaluar los potenciales impactos y también las posibles externalidades negativas, para posteriormente valorar la conveniencia de su ratificación. En este sentido, la evaluación de los impactos de los acuerdos de libre comercio suscritos con Estados Unidos y/o la Unión Europea puede dar luces al respecto. Es imperiosa la conformación de grupos de debate sectoriales, que engloben a los actores políticos y sociales, con el fin de debatir públicamente las posibles implicancias del acuerdo. La suscripción y ratificación de acuerdos negociados en secreto no deben constituirse en una política de Estado.

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